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CARACAS, Venezuela — Olviden la entrega ceremonial del mazo y las fotos de grupo. El nuevo Congreso de Venezuela, ahora dominado por los rivales del gobierno socialista, toma posesión el martes en medio de manifestaciones en la calle, acusaciones mutuas de ataques a la democracia y el riesgo latente de violencia.

Cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional será la primera vez en 17 años que los rivales de la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez controlen una institución en el país sudamericano.

Los nuevos parlamentarios opositores han prometido utilizar su nuevo poder para hacer grandes cambios, mientras que el partido socialista del actual presidente Nicolás Maduro, se ha mostrado igual de firme en que no se permitirá que la cámara haga retroceder la revolución de Chávez.

El Tribunal Supremo suspendió la juramentación de tres legisladores de oposición la semana pasada en respuesta a una impugnación de partidarios de los socialistas, que acusan a la oposición de manipular las elecciones legislativas del seis de diciembre.

El nuevo presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, reiteró el lunes su promesa de tomar juramento a todos los legisladores y dijo que Maduro debería plantearse dimitir para salvar a Venezuela de una crisis política, al repetir una reclamación de los opositores más radicales en 2014 cuando lanzaron un movimiento de protestas callejeras que resultaron en decenas de muertes.

"Para evitar el choque no podemos ir a nuestra casa, después que la gente confió en nosotros, con un par de agujas a tejer calcetas y escarpines", dijo a la prensa Ramos Allup, de 72 años. "Tenemos que ejercer porque la gente nos eligió para ejercer".

Estas ácidas declaraciones son características de Ramos Allup, un experimentado político anterior a la era de Chávez. Su designación para presidir el Congreso por encima de una figura fresca nuevo ha expuesto las diferencias internas que podrían aquejar a la oposición.

La rama más moderada de la oposición ha criticado la estrategia de los más extremos de intentar forzar una salida de Maduro y quiere tomar medidas más pragmáticas para sacar a la economía venezolana, dependiente del petróleo, de una crisis marcada por una inflación de tres dígitos y una profunda recesión.

Las diferentes facciones han acordado una agenda básica que incluye conceder una amnistía a líderes opositores encarcelados considerados como presos políticos por organizaciones de derechos humanos, presionar para que se publiquen datos del Banco Central y dar a Maduro un plazo de seis meses para adoptar el programa económico de la oposición.

Los nuevos parlamentarios también han prometido utilizar la Asamblea Nacional como herramienta para exigir responsabilidades, hacer investigaciones y encargar auditorías a agencias del gobierno.

Jennifer McCoy, observadora de las elecciones en Venezuela del grupo Prodemocracia, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, señaló que en las próximas semanas se verá si el gobierno y la oposición pueden dejar a un lado sus hostilidades.

"Este es el momento en el que ambas partes tienen que decidir cómo seguir avanzando: si van a trabajar juntos o a iniciar una batalla campal", dijo McCoy, que ahora es directora del Global Studies Institute de Georgia State University.

Los oficialistas empezaron a resistirse al nuevo Congreso prácticamente desde que resultó elegido. Los legisladores salientes nombraron a nuevos jueces del Tribunal Supremo y cambiaron la propiedad de la televisora de la Asamblea Nacional.

Maduro emitió el lunes varios decretos limitando el poder del Congreso sobre el Banco Central.

En Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación el lunes por los intentos del gobierno de Maduro de interferir con el nuevo Congreso, lo que provocó una dura réplica del presidente venezolano.

Maduro se mostró conciliador el lunes en una comparecencia televisada, señalando que había dado instrucciones al Ejército de que garantizara el acceso de la oposición al edificio neoclásico que alberga la Asamblea Nacional para que pueda constituirse de forma pacífica.

Pero las milicias pro-gobierno, a las que Chávez apodaba como "la rama armada de la revolución", pidieron a sus partidarios celebrar una contra protesta, planteando la amenaza de enfrentamientos.

"La revolución debe defenderse en las calles", rezaba una convocatoria progobierno que circulaba el lunes. "Un congreso burgués nunca hará más que legislar la esclavitud del pueblo".

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